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Cerca de 200 organizaciones muestran su apoyo a los Servicios de Acción Comunitaria de Iruñea

Cerca de 200 organizaciones, profesionales de Unidades de Barrio y Equipos de Infancia y Familia, además de sindicatos y grupos políticos ha mostrado su apoyo a los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria de Iruñea, cuya continuidad peligra después de que Navarra Suma haya anunciado que el 31 de diciembre no va a prorrogar sus contratos para desarrollar esta tarea.

Protesta el martes en Etxabakoitz para denunciar la medida del Ayuntamiento de Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)
Protesta el martes en Etxabakoitz para denunciar la medida del Ayuntamiento de Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)

Las asociaciones de los ocho equipos de Acción Preventiva Comunitaria han hecho público un listado con los diferentes colectivos y entidades que apoyan su trabajo y muestran su rechazo ante la posibilidad de que no sigan realizando su tarea en los barrios de Iruñea, tal y como ha anunciado que tiene previsto el equipo de gobierno de Enrique Maya en Iruñea.

Los apoyos se desgranan por barrios de la capital en los que estos equipos trabajan y de otros puntos de la ciudad. Además, cuentan con el respaldo de sindicatos como LAB, ELA, CCOO, UGT, Solidari; formaciones políticas como EH Bildu, Geroa Bai, Podemos, Izquierda-Ezkerra, PCE-EPK o Batzarre y de movimientos como Ernai, Gazte Komunistak o Estudiantes en Movimiento Navarra.

También cuentan con el apoyo de diferentes equipos de infancia y familia, educadores, peñas de Iruñea, SOS Racismo, Gaz Kaló, Medicos del Mundo, Salhaketa, Iruñea Ciudad de Acogida, Mugarik Gabe, Sodepaz, Comisión Antisida, Bilgune Feminista, Sasoia o Kattalingorri, entre un largo etcétera de colectivos, asociaciones y entidades.

Incluso se han recabado apoyos por barrios, destacando el de la Txantrea, con 29 colectivos y entidades respaldando a estos equipos, Arrotxapea con 22, Mendillorri con 19, Alde Zaharra y Buztintxuri con 17 respectivamente, Arrosadia-Azpilagaña y Sanduzelai con 14 y Etxabakoitz con 8.

Espacios «seguros e inclusivos»

Todos ellos se han adherido a un comunicado en el que se afirma que los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria «integran el potencial protector en el sistema de protección a la infancia a través de unos espacios de participación seguros e inclusivos».

Y añaden que en este momento de crisis sanitaria estos servicios son también, «junto a los centros escolares, los únicos lugares seguros de atención infantil y adolescente, especialmente de la población más vulnerable, como ya se vio durante el confinamiento, la desescalada y el verano».

El comunicado califica además de «sospechoso» el origen de Coworkids, el nuevo programa presentado por el Ayuntamiento de Navarra Suma para sustituir a los trabajadores y voluntarios de estos servicios a partir del 1 de enero de 2021.

Al respecto indica que esta iniciativa llega después de un intento fallido del Consistorio en verano de «desmontar los SAPCs y sus proyectos de verano y post-confinamiento para atender un Centro de Conciliación a nivel ciudad», rechazado por técnicos y tribunales.

A ello suma que no tiene «ningún fundamento técnico» y sustituye 24 personas con estudios universitarios y 400 voluntarios por 14 con estudios de FP y tres de universidad, todas ellas «nuevas», por lo que tampoco se ven en la decisión ventajas económicas para las arcas municipales.

«Lo único que sacamos de esto es el ataque a una experiencia histórica de más de veinte años de colaboración entre la sociedad civil y la Administración Pública en un modelo de protección de la infancia desde lo comunitario y vecinal», añaden los firmantes en el comunicado que apoyan.

Y subrayan que «suspender los SAPC significa la pérdida para los servicios municipales de infancia del trabajo y la colaboración de 402 grupos de participación, 391 redes sociales y comunitarias, 2.781 participantes permanentes, 10.715 participaciones anuales, 716 educadores comunitarios voluntarios y 32 profesionales», según los datos de la memoria del servicio de 2019.

Por todo ello, concluyen, «no aceptamos» este cambio de modelo «arbitrario y sin fundamento técnico-jurídico» que «quiebra el sistema de protección a la infancia» de Iruñea por parte de quienes «deberían garantizar» sus derechos pero que, sin embargo, los «utilizan para su juego político».