En esencia, la modificación plantea volver a fijar en 1.500 metros cuadrados la superficie máxima para uso comercial dentro del casco urbano y considerar uso no permitido la habilitación de plantas comerciales en edificios residenciales que no sean la planta baja o la primera planta.

Esta iniciativa normativa, que se tramita como una modificación del artículo 28 de la Normativa Urbanística General (NUG), cuenta con el visto bueno de las asociaciones de comerciantes de la ciudad y pretende ser «una herramienta más en favor de la protección e impulso del comercio de proximidad en Pamplona-Iruña», señalan esta formaciones a través de una nota.

«A día de hoy, es una realidad el que durante estos últimos años el comercio de proximidad ha sufrido de forma muy dura los efectos de otros modelos comerciales como la de las grandes superficies o el comercio on-line», sostiene el texto de ambos grupos que analiza que tal situación «ha conllevado al cierre de multitud de comercios, tanto en el centro como en los barrios».

Esta realidad, que sitúa a Iruñea como la segunda ciudad de Europa en cuanto a densidad de centros comerciales por habitante (458 m2 por cada 1.000 habitantes), «unida a los gravísimos efectos que la crisis del covid está teniendo para el sector, urge a tomar medidas», añaden. Y este cambio normativo sería una de ellas.

La propuesta busca potenciar «un modelo de ciudad en el que exista una armonía entre los usos residenciales y las actividades comerciales, aspirando a un desarrollo sostenible del entorno urbano y a la reducción al máximo del impacto de las implantaciones de grandes superficies comerciales sobre el territorio».

El objetivo de la proposición normativa es regular la implantación de usos comerciales en altura en las tramas residenciales del suelo urbano consolidado de la ciudad, con el fin de seguir trabajando por un modelo en el que se apueste por una armonía entre los usos residenciales y las actividades comerciales y, por tanto, un equilibrio entre el centro y los barrios en materia de oferta de comercio».

Para ello, la proposición normativa se ciñe a la modificación del artículo 28 de la Normativa Urbanística General, «el cual regula la compatibilidad de usos, es decir, regula qué usos pueden instalarse en un determinado lugar por ser compatibles con los usos globales o pormenorizados establecidos en el Plan Municipal o por el planeamiento de desarrollo».

En resumen, «se propone volver a lo que establecía el artículo 28 antes de su modificación en el 2010, impidiendo ubicar usos comerciales en altura en las tramas residenciales del suelo urbano consolidado de la ciudad».