Así lo ha afirmado a los medios de comunicación, al ser cuestionado por los periodistas. «Yo creo que en materia de vivienda no va a ser difícil, en ningún caso, que lleguemos a un acuerdo –ha considerado-, estoy seguro de que cualquier cosa que tenga que ver con políticas sociales no va a ser un escollo para conseguir aprobar unos presupuestos».

Tras asegurar que el Ayuntamiento «ha hecho y hace todo lo que está en su mano» en esta materia, ha recordado que una de las primeras iniciativas del actual gobierno municipal fue declarar Iruñea como ciudad libre de desahucios. «Además, celebramos una reunión cara a cara con las entidades bancarias que operan en Pamplona para decirles que nos íbamos a replantar cualquier colaboración con las entidades desahuciadoras», ha añadido.

Asiron, que ha garantizado que «se ha trabajado intensamente» en este sentido, ha trasladado que en este momento «hay 102 viviendas municipales que está rehabilitadas y a disposición de 370 personas que estaban en situación de emergencia habitacional y que se están rehabilitando otras 22».

Propuestas de Aranzadi

Asiron hacía referencia de esta manera a una serie de propuestas que ha realizado Aranzadi para frenar los desahucios y la burbuja del alquiler, y que son su condición para apoyar los Presupuestos de Iruñea 2019. Esta formación pide que se incluyan 2,5 millones de euros para rehabilitar viviendas para alquiler social.

Esta es la primera de las cinco iniciativas que plantea para apoyar los nuevos presupuestos, y que pretende gravar a los especuladores para rehabilitar 200 viviendas públicas destinadas a cubrir la demanda de personas con rentas bajas en Iruñea, y destinar 150 de ellas al fondo de viviendas de emergencia habitacional y a alquiler social, las 50 restantes.

En una nota señalan que Nafarroa registra 254 desahucios de alquiler anuales -un 7,2 % más que el año pasado- y los portales inmobiliarios sitúan la subida de los precios del alquiler entre un 7 y un 16 % este año, lo que «hace evidente» la crisis se ha trasladado de las hipotecas, al alquiler.

Por ello, además de la inversión en rehabilitación de viviendas municipales, para frenar esta tendencia proponen cuatro medidas de choque, la primera la de «controlar las actividades especulativas relacionadas con el aumento de la superficie edificada».

Como ejemplo, señalan la práctica de adquirir edificios antiguos enteros y aumentar significativamente la superficie edificada a través de recrecimientos, lo que además de un «beneficio importante para las promotoras», es una práctica que «subvierte el sentido de las ayudas a la rehabilitación de edificios, pensadas para mejorar las viviendas para quienes las habitan, no para quienes quieren comerciar con ellas».

La segunda propuesta es la de elaborar un índice de precios máximos de alquiler por barrio, algo que ya hacen ciudades como Barcelona o París y que «puede servir para contener las subidas de los precios».

Facilitar la instalación de placas fotovoltaicas es otra medida, después de que el Colegio de Ingenieros Industriales de Nafarroa haya señalado hace unas semanas que la normativa navarra y la municipal impiden la colocación de placas fotovoltaicas en Alde Zaharra de Iruñea y otras ciudades.

A ella se suma la instancia de Aranzadi a aumentar al máximo legal permitido el impuesto de plusvalías, e incluso elevar este hasta el 30 %- para que el beneficio obtenido por operaciones de compra-venta de viviendas con fines especulativos recaiga en el Ayuntamiento de Iruñea.