El presidente de UPN, Javier Esparza, ha apuntado que si Uxue Barkos «no es capaz de defender el bien común, de defender la propiedad de todos y el patrimonio de todos los navarros tiene que dimitir, se tiene que ir a su casa porque ya está bien». Según señalan en un comunicado, desean conocer «el alcance exacto de todas las actuaciones del Gobierno y sus concretos responsables con el fin de emprender, si procede, las correspondientes acciones judiciales civiles y penales».

Por ello han pedido «toda la documentación relativa a las caóticas actuaciones» llevadas a cabo por el Gobierno ante la okupacion del palacio con el fin de «delimitar las responsabilidades que se deriven y emprender las oportunas acciones legales». En concreto, han solicitado que se les remitan «los escritos por los que el Gobierno se persona como acusación particular contra los ocupantes y días después renuncia a tal acusación, ante lo que el juez de instrucción entiende como una ocupación tolerada por parte del Gobierno navarro».

Asimismo, han requerido, en caso de que existan, «los informes jurídicos que respaldan la solicitud de renuncia al desalojo tramitada» por el Ejecutivo, tras lo que han puntualizado que, de no existir, «se estaría nuevamente ante decisiones de carácter personal contrarias al interés general y sin el necesario aval jurídico».

Entre la documentación solicitada figura también «el informe íntegro de Policía Foral en el que se advierte de que los radicales que ocupan el Palacio han realizado importantes alteraciones en el edificio sin control alguno, como la introducción de tubos de acero por las cubiertas o la construcción de diferentes elementos 'de defensa' en las dependencias del edificio».

UPN también quiere conocer «el coste aproximado de la operación de desalojo dirigida por la Policía Foral en el que se recoja el gasto en medios humanos y materiales, incluyendo el coste de horas extra y resto de medios empleados».

Entre las actuaciones emprendidas en relación con este caso los regionalistas han solicitado además la comparecencia del consejero de Hacienda, Mikel Aranburu como responsable del servicio de Patrimonio al que está adscrito el palacio.

Para UPN, «la vergonzosa actuación del Gobierno de Barkos al ceder al chantaje de los radicales abertzales ha dejado vendida a la Policía Foral, que intervino en el arriesgado y complicado desalojo, y con ella ha dejado vendidos a todos los ciudadanos que cumplen las normas y son los legítimos propietarios del Palacio».