Según ha explicado el Ejecutivo en una nota, los cambios producidos tanto en la sociedad como en la legislación estatal en estos 25 años, así como la evolución del concepto «salud» hacen necesario un nuevo texto normativo, con un doble objetivo. En primer lugar, debe garantizar un sistema sanitario universal, sostenible y de calidad que promueva la salud de la comunidad y recoja de manera exhaustiva los derechos y necesidades sanitarias de la población.

Por otra parte, se hace «imprescindible» integrar la salud en todas la políticas que actúan como determinantes del nivel de salud de toda la comunidad: educativas, culturales, sociales, medioambientales, alimentarias, etc., evitando así las desigualdades.

Se pretende promover una norma con «vocación de permanencia» en el tiempo, lo cual exige un amplio consenso sobre los elementos nucleares de la norma y dotarla de la flexibilidad requerida. En esta primera ronda se han planteado los objetivos que se pretenden lograr con la nueva ley y se han sentado las bases para el consenso. Se ha podido constatar «una muy favorable actitud» por parte de todos los grupos, según ha destacado el Gobierno.

Asimismo, se ha establecido una metodología de trabajo y un calendario de elaboración basados en un proceso progresivo de acercamiento desde los principios y compromisos básicos, análisis de legislación comparada, etc, que permitan durante 2016 la redacción de un documento base. Se prevé que en el primer trimestre de 2017 se disponga ya de un borrador y que a mediados del próximo año sea aprobado por el Ejecutivo para su posterior tramitación parlamentaria.

Está previsto igualmente un proceso de participación social que dé cauce a las aportaciones de todos los agentes implicados y de la ciudadanía en general.