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Iruñea sostiene que no existe precepto legal que impida el cambio en Escuelas Infantiles

El Ayuntamiento de Iruñea sostiene que no existe un precepto legal que impida el cambio en las Escuelas Infantiles para incrementar el número de plazas en euskara. Así lo hizo saber el Consistorio en un documento presentado ante el Juzgado, en el que también se hacía referencia a un informe de los pedagogos municipales en el que se detalla que los presuntos prejuicios que generaría la medida en los niños afectados «son una afirmación sin la más mínima base empírica». A pesar de ello, el juez ha decretado la suspensión cautelar.

En el documento presentado por el Consistorio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ante el recurso realizado por la creación de plazas en euskara en los centros de las Escuelas Infantiles municipales, se destaca que los niños afectados por la medida «pueden volver a matricularse en las Escuelas Infantiles par el curso 2016-17» y que los recurrentes representan «aproximadamente a una cuarta parte de los niños/niñas directamente afectados por la reestructuración de plazas (53 de 201, el 26%)».

En el citado documento, el Ayuntamiento pone de relieve que «no está demostrado que el cambio lingüístico o el traslado a otra escuela a partir del próximo mes de agosto tenga que provocar en los niños los perjuicios que alega la parte contraria en relación con el normal desarrollo cognitivo y afectivo de estos menores». Para realizar esta afirmación, se basa en lo indicado por los pedagogos municipales en un informe del 18 de abril de 2016 en el que estos señalan que sostener lo contrario «no es más que una afirmación sin la más mínima base empírica, más cercana a una arquitectura dialéctica que a las conclusiones de un estudio científico».

También se destaca que «el interés de los 53 niños/as a quienes representan los recurrentes tiene la contrapartida del interés público en que el procedimiento de admisión se desarrolle en las condiciones fijadas reglamentariamente, y del interés legítimo de los más de 1.200 niños/as para los que se ha reservado plaza, pedido traslado o solicitado el ingreso para el próximo curso».

En relación al argumento de que el cambio de modelo lingüístico en las Escuelas Donibane, Fuerte del Príncipe/Printzearen Harresi y Hello Rochapea no está justificado por la demanda existente, se destaca el hecho de que «los datos de solicitudes de ingreso indican que para las 193 plazas libres de estas tres escuelas (51 de Donibane, 75 de Printzearen Harresi y 67 de Goiz Eder) se han presentado 240 solicitudes de ingreso (86 para Donibane, 81 para Printzearen Harresi y 73 para Goiz Eder)».

Asimismo, se recoge que «al contrario de lo que sostiene la otra parte, no hay ningún precepto legal que reconozca el derecho a que, una vez iniciado el primer ciclo de educación infantil en un centro público, dicho ciclo deba continuar en el mismo centro, con el mismo equipo de educadores y sin que se puedan modificar el modelo y proyectos educativos»

También recuerda que el servicio de las Escuelas Infantiles municipales «es de prestación no obligatoria (la educación infantil tiene carácter voluntario), concurrente con la iniciativa privada y se articula en el marco de las competencias educativas que corresponden al Gobierno de Nafarroa».

Además, añade que la «reestructuración de la oferta de plazas en cinco de las Escuelas Infantiles municipales tampoco vulnera ninguna exigencia normativa en el plano lingüístico. Así, no es precisa autorización de la Administración educativa para los cambios de modelo lingüístico en los centros educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil».

El recurso contra el que se presentó este documento fue presentado por representantes de «aproximadamente una cuarta parte de los niños/as directamente afectados por la reestructuración de plazas (53 de 201, el 26%)». En total, son 93 recurrentes, de los que «83 son el padre o la madre de alguno de esos 53 niños y seis no representan el interés de niños/as directamente afectados». Otros tres recurrentes son «parientes (tío y tías) de dos niños representados en el recurso por su padre y/o madre».

A pesar de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Iruñea, el juez decidió suspender cautelarmente la medida, una decisión que afecta a 1.300 niños de cara al próximo curso 2016-17.