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Iruñea destinará más de tres millones de euros a atender y proteger a la población infantil

El Ayuntamiento de Iruñea va a destinar, hasta 2024, más de tres millones de euros para la gestión del servicio municipal de intervención familiar en el ámbito de la actividad de promoción, atención y protección de la población infantil.

Hasta 2024, el Ayuntamiento de Iruñea destinará más de tres millones de euros para atender y proteger a la población infantil.
Hasta 2024, el Ayuntamiento de Iruñea destinará más de tres millones de euros para atender y proteger a la población infantil.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación de la gestión de este servicio municipal entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año por un importe máximo de 425.511 euros (IVA incluido). El expediente contempla la posibilidad de cuatro prórrogas anuales para 2021, 2022, 2023 y 2024. La adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto superior al umbral comunitario.

Esta intervención familiar se centra en la atención socioeducativa en los domicilios particulares de unidades familiares de Iruñea que el Equipo de Atención a la Infancia en Dificultad Social (E.A.I.A.) del Ayuntamiento derive. Comprende a la población infantil y adolescente de 0 a 18 años, así como a los progenitores y tutores legales.

Según informa el Consistorio, el objetivo es modificar «el entramado de relaciones familiares inadecuadas y reducir las situaciones de desprotección infantil mediante el establecimiento de planes individuales y globales de trabajo con cada familia, evitando así la separación de niños, niñas y adolescentes de su medio familiar».

Estos planes están orientados a modificar las relaciones familiares inadecuadas y a dotar a los progenitores de competencias y habilidades para satisfacer las necesidades básicas, emocionales, cognitivas y sociales de sus hijos e hijas y el manejo más eficaz de su conducta.

De esta manera, se ponen a disposición de las familias herramientas que posibiliten cambios sustanciales en las relacionales en las que se encuentran atrapadas y que les llevan a propiciar conductas de maltrato o negligencia, afectando gravemente a las personas menores de edad. Para ello se considera fundamental incidir en la toma de conciencia del problema y en la potenciación de la motivación.

Evitar separar a menores y progenitores

El programa establece tres finalidades básicas de la intervención familiar. Una, poner fin a la situación de riesgo y/o desprotección evitando la separación de menor y familia. La segunda, rehabilitar a la familia para que críe y cuide a las personas menores de forma adecuada, permitiendo que vuelvan al hogar desde el centro o familia de acogida donde se encuentren. La tercera, completar la información disponible sobre la situación de menores y adolescentes del núcleo familiar para planificar la intervención.

Entre las personas a las que se dirige el programa se encuentran menores con síntomas serios de desadaptación personal, social y escolar que hacen pensar en la existencia de un riesgo de desarrollo de conductas disruptivas.

También, familias en situación de alto riesgo de desarrollo de problemas de desprotección infantil porque, por ejemplo, han sido objeto de protección en el pasado y tienen un nuevo bebé, los progenitores tienen problemas graves de salud mental, no cuentan con apoyo de familia extensa, hay víctimas de violencia de género y/o malos tratos, han tenido divorcios problemáticos o son familias reconstituidas con dificultades en las relaciones.

Ampliar los apoyos familiares

Durante el desarrollo de la intervención se trabaja con las familias, por ejemplo, para tomar conciencia de las dificultades que tienen y su origen y se motiven para resolverlas ayudándoles a introducir cambios; reforzar los aspectos positivos y los recursos de los núcleos familiares; promover el tratamiento de trastornos psicopatológicos o problemas emocionales; atajar las dificultades de relaciones intrafamiliares; potenciar que las personas menores disponga en su entorno inmediato de modelos adultos positivos, o ampliar los apoyos familiares.

De esta manera, añade el Consistorio, se quiere lograr la evaluación de las necesidades especiales para proporcionar los recursos de protección y de educación necesarios, la desaparición de las conductas de maltrato y abandono, garantizar la seguridad y las necesidades básicas de las personas menores; corregir las secuelas físicas, emocionales, cognitivas o sociales que la desprotección haya podido provocar, favorecer un adecuado manejo de la autoridad de los progenitores, asesorar sobre temas educativos y fortalecer la reconstrucción de los vínculos.

Especialmente entre las personas menores, se trabajan habilidades de empoderamiento y refuerzo personal, el desarrollo emocional, pautas para el tiempo de ocio o la adquisición de responsabilidades, habilidades de autocuidado y formación escolar y laboral.

Cuatro subprogramas de intervención

La intervención con cada familia se establece, en general, entre cuatro y siete horas semanales y de 18 a 24 meses, aunque se adapta a cada caso. Las intervenciones se agrupan, principalmente en cuatro subprogramas. Uno dirigido a las familias en las que por lo menos existe una figura adulta capacitada para ejercer responsabilidades parentales.

El segundo para familias donde las figuras parentales presentan limitaciones personales físicas, cognitivas o psíquicas) que no se pueden resolver pero que les permiten ejercer adecuadamente determinadas funciones parentales.

El tercero apoya a adolescentes cuyos progenitores presentan dificultades para desarrollar programas de capacitación por lo que se trabaja con ellos su autonomía personal y se les apoya para el tránsito a la vida adulta.

El cuarto se centra en casos específicos en los que resulta difícil establecer un diagnóstico para establecer si hay posibilidades de recuperación.

El programa de intervención familiar se implantó en Iruñea en 2004 y se saca a concurso desde 2006. Actualmente, se enmarca dentro del I Plan municipal de atención a la infancia y adolescencia. En la valoración de las propuestas recibidas para la adjudicación del contrato se otorgarán hasta 50 puntos por el plan de trabajo, 30 puntos por la oferta económica, 10 puntos por las mejoras y hasta 10 puntos teniendo en cuenta los criterios sociales.