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Iruñea incorporará en la contratación pública criterios medioambientales y sociales

El Ayuntamiento de Iruñea incorporará en toda la contratación pública municipal criterios sociales y medioambientales. La Junta de Gobierno Local ha aprobado una instrucción de contratación pública estratégica y socialmente responsable, con la que el Consistorio se dota de una norma de obligado cumplimiento, así como una guía que incluye cláusulas sociales y sistemas de verificación de cumplimiento y medición de impacto.

El Ayuntamiento de Iruñea incorporará en la contratación pública criterios medioambientales y sociales.
El Ayuntamiento de Iruñea incorporará en la contratación pública criterios medioambientales y sociales.

La instrucción se publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para su difusión y conocimiento, así como en la web municipal. Esta instrucción se aplicará a todos los órganos que promuevan la contratación pública del Ayuntamiento de Iruñea y de su sector público institucional, que está constituido por la Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, Comiruña SA, Mercairuña SA, Pamplona Centro Histórico, ANIMSA, el Operador Energético Municipal SL y Fundación Teatro Gayarre, así como las que en el futuro se puedan constituir.

Además, el Consistorio ha diseñado una serie de talleres para reforzar e impulsar la aplicación de la Instrucción y la Guía entre las diferentes áreas municipales y empresas públicas.

El objetivo que persigue el Ayuntamiento de Iruñea es la implantación de una estrategia de contratación pública socialmente responsable que permita una mayor visión de servicio a la ciudadanía y un impacto en términos de integración social, redistribución, igualdad y sostenibilidad.

Se busca un modelo de contratación pública que mantenga los principios de eficacia y eficiencia, pero que además integre y potencie los objetivos sociales en la contratación, de modo que cada servicio, obra o suministro, fomente la igualdad de género, el empleo de personas vulnerables, los derechos de las personas con discapacidad, un empleo digno y de calidad, la economía circular, la responsabilidad social de las empresas, la cohesión social y territorial, y facilite la contratación de Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción, entidades de economía social, así como de pymes y micropymes.

Además, el Ayuntamiento de Iruñea se propone ser la primera administración pública del Estado que verifique y evalúe de manera efectiva el impacto social de la contratación pública. Para ello, cada cláusula social irá acompañada de un verificador que demuestre su efectivo cumplimiento y de un medidor de impacto que permita computar su eficacia y resultados.

De este modo, una vez finalizado el proceso, el Consistorio podrá conocer cuál es el beneficio y los resultados sociales de la contratación en un periodo determinado. Por ejemplo: se sabrá el número de personas con discapacidad contratadas, las mujeres víctimas de violencia de género empleadas, si la totalidad de las plantillas prestadoras de contratos públicos se acogen al convenio colectivo, si se incrementan los contratos indefinidos, cuál es el importe contratado o subcontratado con Centros Especiales de Empleo y Empresas e Inserción, cuántas medidas de igualdad de género se han aplicado y a cuántas personas han beneficiado, qué importe de productos de comercio justo se han contratado o cuántos productos de kilómetro cero se han comprado, entre otras variables.

Acceso de pymes y micropymes a contratos públicos
La nueva instrucción y guía para la contratación pública del Ayuntamiento se enmarca en el proyecto Trebatu, puesto en marcha a principios de esta legislatura, con el objetivo de conseguir un sistema de contratación pública más equitativo, en línea con los planteamientos realizados por la Unión Europea, la Administración central o la propia Nafarroa.

Trebatu pretende incentivar la participación de las pymes, micropymes y profesionales autónomos en la contratación pública, así como seguir fomentando la reserva de mercado, a través de la que entidades y empresas sin ánimo de lucro acceder a determinados contratos públicos.