Su derribo está causado por inadecuación urbanística ya que se encuentran en zonas en las que se realizan nuevos desarrollos urbanísticos, como las calles Ferrocarril y Sanduzelai (casas de Gridillas) y Grupo Oscoz, según los datos facilitados en la Comisión de Urbanismo por el concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea.

De las 98 viviendas cuya titularidad corresponde a PCH-IB, 88 están pendientes de derribo (también por inadecuación urbanística o por estar en edificios en ruinas), y diez son utilizados para realojos de vecinos.

Entre estos pisos se encuentran los incluidos en el Plan de Vivienda del Centro Histórico presentado recientemente con obras de derribo y nueva construcción de edificios en la calle Descalzos 33-35 y en el bloque entre Joaquín Jarauta, 58 e Hilarión Eslava, 26, sumando un total de 19 viviendas más los locales comerciales.

De las 476 viviendas propiedad del Ayuntamiento que actualmente están en uso, 258 están arrendadas con contratos de alquiler antiguos y 124 son gestionadas por la Oficina Municipal de Vivienda que cuenta desde mayo con una nueva sede en la planta baja de la calle Descalzos 47-53.

Esta Oficina tiene alquilados en estos momentos 102 pisos a personas o familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional en Iruñea, y cuenta con otras 22 viviendas que están siendo rehabilitadas y se incorporarán a esa misma bolsa de alquiler próximamente.

Por el momento, el Ayuntamiento ya ha destinado más de 2,5 millones de euros a la rehabilitación de estas viviendas para emergencia habitacional desde que se puso en marcha esta iniciativa en el último cuatrimestre de 2015.

En estos tres años en los que la rehabilitación ha sido escalonada, 375 personas afectadas gravemente por los efectos de la crisis económica han podido ser realojadas gracias a las dotaciones que gestiona la Oficina Municipal de Vivienda.

En el parque de viviendas propiedad del Ayuntamiento que actualmente están en uso se incluyen también 45 viviendas cedidas a asociaciones de todo tipo y otras 12 están asignadas al área de Acción Social para su uso en programas, por ejemplo, del Servicio Municipal de Atención a la Mujer.
Las mismas fuentes indican que también cinco viviendas se destinan a realojos provisionales de vecinos y 32 son viviendas habitadas sin autorización del Ayuntamiento.

Finalmente de las 141 viviendas propiedad del Ayuntamiento que no están en uso y están pendientes de rehabilitación, 84 son susceptibles de ser rehabilitadas y destinadas a la bolsa de emergencia asistencial (la mayoría situada en el entorno de San Pedro).

Mientras, las otras 57 se reparten entre el edificio de la antigua estación de autobuses y el del Mercado municipal del Ensanche. En estos casos la rehabilitación no se puede hacer de manera individual sino que deberían acometerse cuando se lleve a cabo la rehabilitación integral de los respectivos edificios.