Un estudio presentado en abril del año pasado señaló que era técnicamente viable y que permitiría ahorrar al Consistorio iruindarra entre 27.000 y 50.000 euros desde el primer año en el gasto correspondiente al alumbrado público y a los edificios municipales. Además, la comercializadora se abrirá a consumidores particulares, ya que este estudio jurídico, que estça en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, lo considera legal.

Según los estudios del Área de Ecología Urbana, con la comercializadora municipal de energía eléctrica se ahorrarán los costes de intermediarios y se podrá decidir la política tarifaría y el margen de beneficio. Así se generará un ahorro directo para el Ayuntamiento y se podrán reservar fondos para políticas dirigidas a erradicar la pobreza energética a la vez que se impulsan acciones de eficiencia energética y de producción de renovables.

Soberanía energética
Asimismo y según la filosofía que impulsa esta iniciativa, se pretende fomentar la soberanía energética con la municipalización del servicio ya que se tendrá el control sobre la energía que se compra, sin depender del oligopolio de las grandes eléctricas, según señala el Consistorio en una nota.

De esta forma, se dará el primer paso hacía el ‘empoderamiento del municipio’ y se abrirá la posibilidad de controlar a nivel local la producción de energía y la eficiencia, un control que también podría realizar la ciudadanía. Todo ello, teniendo en cuenta la lucha activa contra el cambio climático al reducir el gasto energético y fomentar la producción y el consumo de energías renovables. De esta forma, Iruñea se unirá a otras ciudades como Cádiz, Barcelona y Zaragoza, que también están trabajando en estos momentos en proyectos de características similares.

Los plazos marcados señalan que habría que dar de alta en el sector eléctrico a la comercializadora antes de diciembre de 2017 para que inicie su actividad en 2018. De esta forma, a lo largo de este año se llevará a cabo su constitución con la definición de su organización y la plantilla de personal correspondiente.

Valoración jurídica
El objetivo principal del estudio externo, elaborado por la consultora Col·lectiu Ronda  ha sido orientar al Ayuntamiento en la valoración jurídica sobre el modelo administrativo-legal para la comercialización energética directa desde un organismo municipal. En estos momentos los servicios jurídicos municipales están estudiando la documentación para validar las conclusiones recogidas en este informe final.

Los tres aspectos que ha trabajado el estudio son las opciones de la figura administrativo-legal para el futuro organismo municipal incluyendo específicamente el modelo cooperativo; las posibilidades existentes para que la figura administrativo-legal de la comercializadora incorpore la participación de la ciudadanía y las personas trabajadoras y, por último, las condiciones en caso de un convenio bilateral entre el Ayuntamiento de Iruñea (o el futuro organismo municipal) y la Mancomunidad de Iruñerria para aprovechar la energía renovable producida por la misma. De los tres aspectos ha merecido un análisis más profundo las limitaciones que podría haber en el ejercicio de la actividad comercializadora para dar servicio a terceros.

Las conclusiones del estudio señalan que sí es posible crear una comercializadora municipal. En una primera fase se pondría en marcha con el 80% de la actividad dirigida a cubrir el suministro para el alumbrado de las calles y edificios públicos, y el 20% restante para abastecer a la ciudadanía. Se cubrirían las necesidades de unas 3.000 viviendas. Se constituiría como una sociedad mercantil cuyo capital social sería íntegramente público. No gozaría de autonomía en la toma de sus decisiones sino que estaría sometida a un control por parte del Ayuntamiento similar al que éste ejerce sobre sus propios servicios.

En la segunda fase se podría ampliar el servicio de suministro a la ciudadanía a través de un modelo de sociedad cooperativa de consumidores y usuarios, que incluiría a la comercializadora municipal, y que permitiría la democratización de la gestión, empoderar a los consumidores, aumentar la participación y lograr la transparencia, añade el Consistorio.

Funcionamiento de la comercializadora municipal
La comercializadora municipal acudiría a la subasta del mercado eléctrico que fija las tarifas para adquirir la energía necesaria para el primer año encender el alumbrado público y a partir del segundo incluir también los edificios municipales. En un futuro, también podría trabajar con personas particulares y con clientes fuera del ámbito municipal. A este respecto, Som Energía/Energia Gara Nafarroa, la cooperativa de consumo y producción de energía verde sin ánimo de lucro que realizó el estudio del año pasado, indicaba que la gestión de la compra de energía es un elemento crucial para la viabilidad de la actividad y recomendaba que sea realizara por una entidad especializada.

La inversión de este proyecto ascendería el primer año a 25.000 euros, cantidad que el segundo se reduciría a 9.090 euros, según el estudio de viabilidad presentado hoy. A eso se une la reserva de 250.000 euros como aval para poder participar en el mercado eléctrico que hay que realizar el primer año. Por lo que respecta a los gastos de gestión, el estudio indicaba que rondarían los 116.000 euros al año y se crearían tres puestos de trabajo.