La familia del general golpista José Sanjurjo quiere que el Ayuntamiento de Iruñea archive las actuaciones realizadas para la exhumación de los restos del militar franquista al entender que «la motivación es contraria a la ley de Memoria Histórica» y en el procedimiento se ha incurrido en «defectos legales».

El equipo de gobierno de Joseba Asiron decidió a principios de mes clausurar el próximo 16 de noviembre la cripta donde se encuentran los restos de Sanjurjo y Mola, exhumar éstos y, en su caso, conocida la voluntad de las familias, entregarlos a las personas legalmente responsables.

La familia de Sanjurjo señala que la argumentación dada en favor de la exhumación «resulta estrictamente política y por consiguiente contraria a la ley de Memoria Histórica de 2013» que «no contempla exhumaciones del bando contrario» sino que las facilita «para un enterramiento digno» de los fallecidos «en defensa de sus convicciones en el Frente Popular».

Ahora la familia del golpista sostiene que conoció la decisión por unas declaraciones del alcalde a los medios de comunicación y que el expediente se inició «sin cumplir ninguno de los requisitos previstos» en la ley. Añade además que la cripta donde están los restos «es un lugar privado y no un cementerio» y por lo tanto «no encaja» en la definición del Reglamento de Sanidad Mortuoria de Navarra.

Alega también que la exhumación decidida plantea una «vulneración» de la ley de libertad religiosa y «un problema de derecho internacional» ya que «vulnera» la ratificación del acuerdo entre el Estado español y el Vaticano por el que «los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes» y la cripta es, por sentencia de 2008, de «uso privado de la Iglesia Católica como lugar de culto y enterramiento».