La marcha de los delegados de LAB ha partido de la Plaza de Recoletas y tras recorrer varias calles de Alde Zaharra, ha llegado a las puertas del Palacio de Nafarroa.

Igor Arroyo, portavoz de LAB en Nafarroa, ha explicado que el objetivo de la reunión de delegados era analizar la situación política y social y plantearse los retos para este nuevo curso. En este sentido, ha destacado que en el primer año del Gobierno del cambio "se observan avances en la democratización de la vida política, social y sindical», pero ha advertido de que «en política económica y laboral hay cierto continuismo, por lo que no se nota el cambio, mientras que en la Administración se sufre una parálisis muy preocupante».

Por ello, LAB considera que el segundo año de legislatura es «clave para reaccionar» para «impulsar un proceso de cambio que está estancado y necesita una reacción». Para ello, el sindicato ha planteado un decálogo de medidas que considera necesario aplicar.

En el ámbito de la democratización, LAB reclama que finalice la discriminación sindical y laboral en las empresas. Arroyo ha recordado el caso de Volkswagen, «donde sigue habiendo discriminación». En este ámbito incluyen una nueva Ley del Euskara, que supera la discriminación de derechos en función del territorio. 

En materia de política económica, el sindicato pide que se avance en la reforma fiscal, ya que considera que las medidas que se han aplicado hasta el momento son muy tímidas. «Los empresarios siguen pagando muy poco en Navarra. De hecho, la presidenta Uxue Barkos argumentó en favor de su reforma fiscal que en Navarra los empresarios pagaban menos que en la CAV y que en el Estado. Eso no puede ser. Los empresarios y las rentas altas tienen que pagar de una vez igual que los demás», ha declarado Arroyo.

Además, LAB pide que se reorganice el modelo de desarrollo. Valora positivamente que se haya recuperado el control público sobre el Plan Moderna, rebautizado como RIS-3, «pero pensamos que junto con ello hay que pensar en un modelo de desarrollo alternativo, puesto que no podemos seguir en esa huida hacia adelante en nombre de la competitividad».

En lo que refiere a las relaciones laborales, Arroyo ha reclamaro que se plantee una nueva política de empleo en torno a las 35 horas, a las 1.200 euros de salario mínimo, la derogación del Consejo de Diálogo Social y el establecimiento de un marco propio de relaciones laborales.

En el ámbito de la Administración, LAB considera necesaria una reforma democrática, reduciendo jefaturas y burocracia, invirtiendo en servicios públicos, revirtiendo los recortes antisociales aplicados por el Gobierno anterior y publificando los servicios privatizados.

«Pensamos que estas medidas darían un impulso significativo al proceso del cambio y creemos que desde la calle y desde las instituciones es necesario avanzar en ese sentido para poder salir del estancamiento en que nos hallamos», ha añadido Arroyo.