La Comisión de Presidencia ha conocido una primera evaluación de los trabajos realizados en esa oficina situada en la calle Mercaderes y puesta en marcha en mayo por el Ayuntamiento y la Universidad Pública de Nafarroa para realizar una labor de investigación y recogida de testimonios y documentación sobre víctimas y testigos de la vulneración de derechos humanos durante la Guerra del 36 y el franquismo.

Según las estimaciones hechas por los responsables de la Oficina de Información de la Memoria Histórica y más allá de los datos obtenidos en estos meses, se podría hablar de 300 personas ejecutadas y más de mil personas presas en Iruñea en los periodos de la Guerra del 36, posguerra y la dictadura franquista.

Desde el pasado mes de mayo y hasta el 26 de agosto se han abierto en la oficina 152 nuevos  expedientes. Las personas que ofrecen información sobre la represión sufrida pertenecen a familias en la que hubo uno o más represaliados. En la metodología de trabajo de la oficina, se ha abierto un expediente individual por cada miembro represaliado en el que constan sus datos personales y la descripción de las vulneraciones de derechos humanos sufridas. El número de testimonios recogidos por el momento es de 92. De ellas, 42 pertenecen al periodo comprendido entre la Guerra del 36 y la posguerra y 50 al periodo entre 1960 y 1975.

Las vulneraciones de derechos humanos denunciadas son de carácter múltiple. En los relatos se exponen varias modalidades represivas que habitualmente afectan a varios miembros de una misma familia, tanto hombres como mujeres. Se describen ejecuciones; encierros; torturas y agresiones físicas; represión de género; exilio; represión económica y laboral; represión de derechos civiles y políticos: derecho a la libre expresión, de asociación, de sindicación, derechos laborales y de huelga; y represión lingüística y cultural.

La evaluación presentada recoge también la existencia de un estado anímico en la que los sentimientos de miedo, inseguridad personal, etc, son habituales en los sectores de población golpeados por la represión, así como en su entorno más inmediato. Por otro lado, los testimonios se refieren al ambiente represivo de la dictadura que se manifiestan en un control exhaustivo de la vida cotidiana de la población, a los espacios de sociabilidad, los modos de relacionarse, el sistema educativo o el adoctrinamiento ideológico y religioso, todo ello en un contexto de precariedad absoluta (hambre, pobreza...).

El tiempo de grabaciones es de aproximadamente 141 horas y 53 minutos, con una media de 1 hora y 54 minutos por testimonio grabado.

Además de las grabaciones de los testimonios, se han digitalizado 2.291 documentos aportados por las personas que han acudido a la oficina. Entre esa documentación, se han recibido registros judiciales (expedientes procesales, autos, sentencias, actas de indulto); información de índole personal (cartas); documentación penitenciaria (expedientes penitenciarios, certificados penales, de puesta en libertad vigilada...); informes administrativos (actas de nacimiento, defunción y matrimonio); denuncias presentadas por familiares de represaliados; certificados institucionales de reconocimiento a víctimas de la guerra y la dictadura; así como fotografías, artículos y recortes de prensa.

La Universidad Pública de Nafarroa, mediante un contrato de asistencia por importe de 14.963,01 euros lleva a cabo desde mayo hasta octubre una labor de investigación, que se formalizará en un informe pericial, que recoge testimonios y documentación sobre víctimas y testigos de la vulneración de derechos humanos durante la Guerra del 36 y el franquismo. Esta investigación tiene como fines, entre otros, estudiar la interposición de una querella en los juzgados de Iruñea contra los crímenes del franquismo o determinar la cifra exacta de las personas ejecutadas en la capital a raíz del golpe militar de 1936.

Con este trabajo se trata de cumplir la declaración aprobada por el Pleno el 27 de noviembre para que se investigaran «los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a vecinos y vecinas» de Pamplona, «se determinen las circunstancias en que fueron perpetrados, quiénes fueros sus responsables directos y mediatos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena». Todo ello con el ánimo de «interponer una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Pamplona».

Además, esa declaración instaba a dar traslado del acuerdo «al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal numero 1 de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría a fin de que surtan los efectos que procedan en la Querella 4591/2010, nominada ‘N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista».