En lo que respecta al Consistorio, según las previsiones de cierre del presupuesto de 2016, presenta una deuda de 72.808.444 millones de euros, una cifra que se ha reducido en un 14,7 por ciento en comparación con 2015, cuando la deuda alcanzaba 78,9 millones de euros.

Así lo ha indicado el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, en una conferencia de prensa en la que ha destacado que «las cuentas se han ido saneando en los últimos tiempo» y, ha añadido, que esa «mejora se ha producido sin reducir el gasto municipal».

En este sentido, ha apuntado que el equipo de gobierno municipal que preside ha aumentado el volumen de inversiones alrededor de un 36 por ciento desde el 2015, un hecho que ha calificado como de «muy buena gestión».

Además, ha precisado que el remanente, según las previsiones del cierre de cuentas del pasado año, es de 64 millones de euros, «casi un tercio del presupuesto total del Ayuntamiento». Para Asiron, esa cantidad de remanente demuestra que «la capacidad de gasto de este Ayuntamiento es verdaderamente importante».

Asimismo ha incidido en que el «deseo» del Ayuntamiento de Iruñea es poder «invertir» esos 64 millones de euros, correspondientes al remanente, en «paliar las necesidades que a día de hoy tiene la ciudadanía» que ha concretado en la inversión en zonas vulnerables o lanzar ofertas de empleo público, entre otras acciones.

«Sin embargo, el marco legal financiero pactado en Madrid nos impide hacerlo», ha subrayado para indicar que no pueden ejecutar, de la mencionada forma el dinero, por la ley de estabilidad presupuestaria.

Ha incidido en que «esta norma castiga a ayuntamientos saneados, como este de Pamplona, y limita el gasto para priorizar el pago de las deudas».

Por este motivo, ha anunciado una jornada municipal, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de marzo en el Consistorio iruindarra, para «compartir iniciativas y dinámicas que nos ayuden a revertir esta situación», en el sentido de reclamar la derogación de la citada ley.

Al encuentro está previsto que acudan los ayuntamientos de Tutera, Barañain, Burlata, Eguesibar, Lizarra, Tafalla, Zizur Nagusia, Antsoain, Atarrabia, Zangoza y Olite, además de los consistorios cabeza de merindad y localidades con un mayor número de habitantes de Nafarroa.

«Entendemos que éste es un problema común para todos los ayuntamientos de Navarra y, por tanto, creemos que también la solución puede ser compartida», ha remarcado.

La edil delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, se ha pronunciado de la misma manera y ha denunciado que la ley de estabilidad presupuestaria «obliga a acumular millones en la caja para que no se puedan usar».

Al respecto, ha explicado que «la única opción» para poder utilizar una mínima cantidad de dinero de remanente, que ha cifrado en cinco o seis millones de euros, es destinarlo a inversiones financieramente sostenibles.

Ha anunciado que están «valorando otras alternativas» para hacer uso de la remanente y ha advertido que, si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, el Ayuntamiento podría «correr el riesgo incluso de perder» la opción de destinar esa cantidad mínima a inversiones financieramente sostenibles.