En la comisión se han debatido tres declaraciones presentadas por UPN, PSN y Geroa Bai. Los textos de las dos primeras formaciones no han prosperado, mientras que sí se ha aprobado el de Geroa Bai al ser respaldado por UPN y PSN.

La declaración finalmente aprobada pide el cierre del edificio «de manera que se pueda recuperar la seguridad del mismo tras las obras realizadas sin control técnico y sin licencia municipal». También apuesta por «la reconversión del inmueble en un espacio dotacional».


El último punto del texto, en el que se pedía un concurso público para la cesión del chalet de Caparroso, no ha prosperado, ya que UPN y PSN han pedido que se votara la declaración por puntos para desmarcarse de esta última propuesta.

En el debate de estas iniciativas, la concejal Patricia Perales ha reconocido que ha existido un incumplimiento en las condicioens de la cesión, aunque el correspondiente expediente «todavía no se ha resuelto», aunque «vemos que algunos grupos tienen prisa por adelantarse a la resolución», por lo que ha pedido la retirada de las tres declaraciones que finalmente se han votado. Asimismo ha abogado por el «diálogo para resolver en otros casos».

Por UPN, Enrique Maya ha señalado que «se ha detectado que en esta cesión había gato encerrado y se ha confirmado que había unas obras ilegales que incluso podían afectar a la seguridad».

Por su parte, Itziar Gómez, de Geroa Bai, ha puesto el acento en que «el texto del convenio era rotundo y por ello solicitamos que se revoque la cesión» y ha demandado que se lleve a cabo un concurso público para ceder el chalet.

Maite Esporrín, por el PSN, ha pedido que se ponga fin «de manera inmediata a la cesión», ya que ha habido particulares a los que se ha paralizado las obras de inmediato si no tenían licencia.

Por Aranzadi, Alberto Labarga ha asegurado que «a UPN le dan miedo los espacios juveniles autogestionados» y por Izquierda-Ezkerra, Edurne Egino ha recordado que «UPN hizo en su momento una cesión a dedo a una asociación con un convenio en el que se impedían obras y actividades lucrativas y luego vinieron a pedir que se resolviera el asunto de manera dialogada y convinimos todos en ello».