De los 306 asesinados por los franquistas en Iruñea, solo cuatro fueron juzgados

Al menos 306 vecinos de Iruñea, de los que 304 eran hombres y dos mujeres, fueron asesinados o muertos en cautividad durante el franquismo por razones políticas, la mayoría de ellos sin juicio previo ni sentencia firme. De hecho, solo cuatro tuvieron un juicio previo y la correspondiente sentencia.

Iñaki Vigor|25/10/2016 12:43|0 comentarios
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El alcalde Joseba Asiron y el historiador Emilio Majuelo han dado a conocer los resultados del estudio sobre la represión fascista en Iruñea. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)

Así se recoge en el informe pericial sobre vulneraciones de derechos humanos sufridas por la población residente en la capital navarra durante la Guerra del 36 y la etapa franquista, realizado por el equipo de investigación de la UPNA ‘Recuperando memoria berreskuratzen’.

Este trabajo ha sido presentado hoy en rueda de prensa por el alcalde Joseba Asiron y el doctor en Historia Contemporánea, profesor de la UPNA y director de la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Iruñea, Emilio Majuelo.

Según se recoge en este informe, se tiene constancia de que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, aunque esta cifra es una primera aproximación, ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han podido validar y cientos más que, según el equipo de la UPNA, saldrán a la luz a raíz de la realización de este trabajo.

El informe, además de asesinatos, muertes en cautividad, desplazamientos y encierros (que en conjunto suman un 85,58% de los casos comprobados), contabiliza también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas.

El informe advierte que el número de casos incluidos en las diferentes modalidades represivas registradas es mayor que el número de personas víctimas de ellas, ya que en la realidad «una misma persona pudo sufrir una o varias modalidades represivas».

Asesinatos, encarcelamientos, exilio y represión
De las 306 personas asesinadas o muertas en cautividad (una cifra de «extraordinaria importancia» si se tiene en cuenta los censos de la época), tan solo cuatro lo fueron tras sentencia previa y 302 se pueden definir como desapariciones forzadas, ya que, tras su detención o tras su «puesta en libertad» fueron asesinadas sin dar información pública de ello a sus familiares. Estos se fueron enterando, en diferentes momentos y por diferentes medios, de la suerte que habían corrido esas personas.

Además de estas 306 personas asesinadas, el informe apunta que hubo personas que lograron evadirse y que resultaron muertas en el frente o en su condición de prisioneros, o en su intento de fuga y cuya cuantificación «resulta problemática», según el equipo encargado del estudio.

Respecto al número de personas incluidas en el padrón de Iruñea y que fueron presas por razones políticas durante aquellos años, se han podido verificar hasta hoy 1.014 casos, de los que 867 eran hombres y 147 mujeres.

Según las cifras recogidas en la base de datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Represión en Navarra (FDMHN) y los testimonios recogidos en la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Iruñea, la mayoría estuvieron en la prisión provincial o penal (806, con 668 hombres y 138 mujeres), mientras el resto fueron retenidas en comisarías o cuarteles locales (111 casos), campos de concentración en el exilio (84 casos), cárceles locales o de partido judicial, centros improvisados de detención, campos de concentración en el Estado español y bartallones de trabajo.

En el campo de la represión económica, se recogen 159 casos validados, aunque el informe indica que fue la modalidad de represión más amplia de las utilizadas. Por ejemplo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas incoó al menos 168 expedientes a vecinos de Iruñea exigiéndoles determinadas cantidades de dinero. El funcionariado municipal fue también depurado y se destituyeron 19 trabajadores, que se unieron a los 200 de la Diputación Foral, de los que la mayoría residían en la capital navarra.

El informe también apunta que al menos 225 vecinos de Iruñea  tuvieron que desplazarse al exilio (133 casos verificados), al destierro forzoso (7 casos) o huir a la zona republicana (85 casos), en un principio hacia Nafarroa Beherea y Gipuzkoa, y posteriormente a Catalunya.
Finalmente, y por lo que respecta a la represión de género, el texto señala que todavía falta mucho por investigar en este terreno y que los escasos datos de que se disponen chocan con la amplitud de los testimonios recogidos.

176 nuevos expedientes en la Oficina de Información
Una de las fuentes utilizadas para este informe ha sido el FDMHN durante la Guerra del 36 y el franquismo, que incluye los listados de la obra colectiva «Navarra 1936: de la esperanza al terror» y que han sido corregidos con informaciones posteriores. La segunda fuente ha sido la Oficina de Información de la Memoria Histórica sobre la Represión Franquista de Iruñea, que ha abierto desde su puesta en marcha en mayo 176 nuevos expedientes.

Además, sobre el listado de personas asesinadas extrajudicialmente en Iruñea, muchas de ellas desaparecidas forzosamente entre 1936 y 1975, se han revisado las investigaciones realizadas hace décadas tanto por el historiador José Mª Jimeno Jurío como por la asociación Altaffaylla Kultur Taldea, revisión en la que ha colaborado la Asociación de Familiares Fusilados de Navarra.

Asimismo, se han tenido en cuenta para el estudio los datos del Registro Civil de Iruñea, del Archivo del TSJN, del Archivo de la Comandancia Militar de Nafarroa, del Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, del Archivo General de la Administración situado en Alcalá de Henares, del Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca (antiguo Archivo de la Guerra Civil) y de obras monográficas y memorias publicadas en las últimas décadas.

Falta de información exahustiva de varias décadas
En general, el texto hoy presentado incide en que hasta que haya un cambio de rumbo en la política general archivística que permita a los investigadores acceder a la documentación y se impulsen proyectos de investigación colectiva que den cuenta de lo sucedido en esas décadas seguirá habiendo conocimientos insuficientes sobre la represión franquista por lo que habrá que seguir investigando. De hecho, dice que el número de torturas, detenciones, sanciones, etc. es meramente indicativo pero, al mismo tiempo, señala el amplio campo que queda por recorrer para conocer a fondo el mundo represivo de la dictadura franquista.

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