El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha levantado la suspensión cautelar decretada por un juez contra los cambios de modelo lingüísticos aprobados para las escuelas infantiles de Pamplona. Los jueces dan varios motivos para desestimara la decisión adopatda por el instructor, en la que señalan fundamentalmente al daño que la suspensión ha generado al resto de padres (la suspensión afectaba a más de 1.200 familias) pero también otros argumentos que cuestionan lo que defienden los padres demandantes. Contra esta sentencia no cabe recurso.

La sentencia de la Sala asegura que la suspensión ha sido una consecuencia «indeseable» y recuerda que los «menores disconformes, entendiendo por tales los que impugnan el acuerdo del cambio, son una minoría del total de afectados». En buena medida, la sentencia también hace propias varias de las afirmaciones que realiza el Ayuntamiento en su recurso y, sobre todo, deja en evidencia algunas de las cosas aludidas por los padres. De este modo, sostiene que el cambio de modelo lingüístico «es dudoso que pueda considerarse un perjuicio en sí mismo». Más aún, asevera que la suspensión dictada ha traído «sin duda importantes perjuicios para el interés general y del resto de los afectados».

La sentencia es tajante en este punto. Los representantes de los 53 menores afectados por el cambio en las escuelas de Donibane y Printzipearen Harresi aseguraban que se iba a romper un vínculo afectivo importantísimo para sus hijos por el hecho de cambiar de profesores. Por contra, la sentencia dice que ese vínculo se tiene con «el entorno familiar». Por tanto, la sentencia concluye que «de resultarles inocuo el traslado, sus reclamaciones no tendrían mayor sentido». Y, como se recordará, todos los menores cuyos padres han recurrido y no quieren que sus hijos acudan a Escuelas de 0-3 en euskara han encontrado plaza en otra escuela municipal que está a cuatro minutos en coche de los centros afectados o, en su defecto, a un cuarto de hora a pie.

La sentencia también se detiene en otro aspecto que puede apuntar a un fallo favorable para el Ayuntamiento, como es el hecho de asumir que los padres que han participado en este proceso de matriculación suspendido han adquirido ya derechos sobre las plazas que les han sido adjudicadas. Por ello, se habla abiertamente de que la repetición de la matriculación conllevaría «consecuencias negativas» y se constata que el proceso está «prácticamente consumado».